El operativo contra la trata de personas, realizado en Salta el pasado viernes 16 de agosto, por la AFIP y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el apoyo de la Policía Federal y de la Policía Aeroportuaria, ha tenido una serie de repercusiones en el ámbito periodístico y político que nos permite constatar cuán naturalizada está la explotación sexual de las mujeres, sea esta producto de la trata o la supuesta libre elección de mujeres en situación de prostitución.
Son muestras de ello preguntas/afirmaciones que por estos días formularon en diferentes medios de comunicación periodistas de gran audiencia, como Martín Grande, o de altos funcionarios municipales y voceros provinciales, para tratar de explicar (justificar) la conducta del ex responsable de Salvador Mazza: “quién no fue a un prostíbulo”, “para mí no hay causal, son hechos de la vida privada del Intendente Villalba”. También lo es la respuesta institucional del Concejo Deliberante de esa localidad, al otorgarle la licencia a Villalba.
La diferencia entre lo público y lo privado ha permitido a lo largo de los años el sometimiento de las mujeres y el ejercicio de distintos tipos de violencia. Así, la llamada violencia intrafamiliar no encontró eco en la legislación hasta que no se logró concientizar que lo privado que afecta los derechos de una persona es una cuestión pública que exige la atención de los poderes del Estado. En nombre de lo privado se violaron derechos fundamentales de sinnúmero de mujeres. Es como afirmar que el crimen de Wanda Taddei, incinerada por su pareja, por haberse cometido en el ámbito doméstico no debiera juzgarse en los tribunales competentes; salvando los extremos entre un asesinato y la presencia en un prostíbulo, no podemos avalar que es una conducta privada que un funcionario público se encuentre en un prostíbulo allanado en el marco de una investigación de redes de trata, en lugar de trabajar –como su cargo le exigía- para combatir esta moderna forma de manifestación de la esclavitud sexual.
Por otra parte,” ir de putas”supone el derecho a usufructuar un cuerpo mediante el pago, sin reflexionar acerca de las condiciones por las cuales se paga por sexo o porqué una mujer está en situación de prostitución. Poco se ha avanzado desde el derecho de pernada a esta afirmación. Pese a que el Estado argentino ratificó la Convención de Belem Do Pará donde se conceptualiza la violencia de género como aquella que se infringe a las mujeres por ser tales, producto del sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos.
Como dice la investigadora Silvia Chejter, autora del recomendable libro “Lugar común: la prostitución”: “Vivimos en sociedades y culturas que no cuestionan la prostitución, que conciben a los hombres como sujetos del placer/sujetos del poder/sujetos prostituyentes y a las mujeres como objetos al servicio del placer masculino. La cultura induce a los hombres que siguen las reglas, a que reconozcan su género en imágenes y narrativas en las que son “clientes”, es decir con derechos a pagar por sexo. Si algo cambió en la actualidad es la difusión de un lenguaje travestido con un ropaje mercantilizado. La violencia de la explotación sexual está enmascarada en una relación contractual entre sujetos supuestamente iguales.”
Más allá de las diferencias de opiniones, hay un norte imposible de abandonar, mucho menos aún por quienes tienen responsabilidades públicas, y por tanto la obligación de garantizar un mundo sin violencia: los derechos adquiridos de y por las mujeres. Y para el caso, las normas que nos protegen de los distintos tipos y modalidades de violencia de género. Mal que les pese a quienes justifican lo ilegal aduciendo patrones culturales, deben saber que son esos mismos patrones los que las leyes, las políticas públicas y los compromisos internacionales tratan de erradicar. Si quienes justifican el accionar de Villalba sostienen que están contra la violencia de género, sepan que no se puede abogar por el abandono de prácticas discriminadoras y violentas hacia las mujeres, y a la vez asumir una responsabilidad pública que refuerce esas prácticas, sea con el ejemplo o mediante la reproducción de ideas estereotipadas y sexistas.
SALTA, 27 de Agosto de 2013
Multisectorial de Mujeres de Salta
Comisión de la Mujer Universidad Nacional de Salta
Red PAR Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista
CLADEM Comité Larinoamericano por la Defensa de los Derechos de las Mujeres
Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogad@s de Salta